Fernando Viera Reyes necesitaba una biopsia por un posible cáncer de próstata cuando el gobierno de Trump lo envió a un centro de detención de inmigrantes en el desierto de Mojave, en California.
Allí, esperó. Reyes, ahora de 51 años, solicitó reiteradas veces el procedimiento, según una demanda presentada en noviembre contra el gobierno federal, pero pasaron meses, aunque había sangre en su orina, una señal de que el cáncer podía haberse propagado.
“Puede haber pasado de ser muy tratable a estar metastásico”, dijo Kyle Virgien, quien, como abogado del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), está involucrado en la demanda.
“Hay poblaciones vulnerables; está abarrotado. No hay atención médica suficiente para manejar el aumento en el número de personas enfermas”, dijo Virgien.
El esfuerzo de deportación masiva del presidente Donald Trump ha llevado a un número récord de inmigrantes detenidos en centros federales, cárceles locales y prisiones privadas. La situación pone en riesgo la salud de los detenidos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está violando normas que garantizan que los inmigrantes reciban exámenes médicos iniciales, atención de rutina y respuestas oportunas a quejas físicas, según una revisión de más de 200 páginas de demandas de detenidos, informes de investigación independientes y académicos publicados, e investigaciones recientes del Congreso realizadas por demócratas.
Las quejas sobre la atención médica inadecuada en los centros de detención podrían aumentar la reacción política que enfrenta Trump por su campaña agresiva de deportación, incluido el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.
Miembros demócratas del Congreso han insistido en limitar a los agentes federales de inmigración como parte de un proyecto de ley de gastos de 2026 para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), un estancamiento que amenaza con cerrar en gran medida la agencia.
Voceros del ICE y del Cuerpo de Servicios de Salud del ICE (IHSC, por sus siglas en inglés), del DHS y de la Casa Blanca no respondieron a solicitudes repetidas de comentarios para este artículo. El IHSC evalúa la salud para la deportación, supervisa las normas médicas en instalaciones contratadas y reembolsa la atención médica fuera de los centros.
Sin embargo, en el sitio web del IHSC, el director asistente Stewart Smith dijo que el cuerpo “mantiene las normas de atención médica en todas las instalaciones propias y contratadas por el ICE y garantiza la prestación de la atención médica requerida para los extranjeros detenidos”. Por su parte, el sitio web del ICE señala que “muchos extranjeros pueden no haber recibido tratamiento médico reciente o confiable para condiciones existentes antes de ingresar bajo custodia de ICE. Para algunas personas, esta puede ser su primera oportunidad de acceso a atención médica integral”.
Algunos legisladores demócratas han exigido informes de autopsia de detenidos que murieron bajo custodia y han acusado públicamente al ICE de negar a los inmigrantes el acceso a atención. La representante Kelly Morrison (demócrata de Minnesota) dijo que un centro de detención que visitó en el histórico Fort Snelling del estado no tenía normas médicas ni “atención médica real” en el lugar.
“Hace sonar alarmas desde una perspectiva médica y de salud pública”, dijo Morrison, quien es doctora, a KFF Health News. “No hay camas, no hay mantas, hay comida mínima. Hace mucho frío. Todos están con grilletes en las piernas. Es caótico, desorganizado y, francamente, peligroso”.
La representante Jasmine Crockett (demócrata de Texas) denunció recientemente la atención médica de los detenidos en una conferencia de prensa que realizó después de visitar a Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años en Minneapolis que fue enviado al Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en el sur de Texas. Crockett fue al centro luego de informes de medios que señalaban que el niño había desarrollado fiebre y estaba en mal estado de salud.
“El trato que estas personas están sufriendo en este momento es peor que el de quienes son acusados y a veces incluso condenados por delitos. Así de grave es”, dijo.
El DHS cerró Dilley este mes después de que dos detenidos contrajeran sarampión. El centro también alberga a niños que son vulnerables a complicaciones graves de la enfermedad, como inflamación cerebral.
El senador Chris Murphy (demócrata de Connecticut) acusó el 1 de febrero al gobierno de negarle la entrada a Dilley a finales de enero para ocultar el brote de sarampión.
Y recientemente se reportaron tres casos de sarampión en un centro en Florence, Arizona.
La preocupación pública está aumentando, con casi el 60% de los votantes que dicen desaprobar cómo Trump ha manejado la inmigración, según una encuesta reciente realizada por la Universidad de Siena y The New York Times.
El tipo y el alcance de los servicios de salud que deben recibir los inmigrantes adultos dependen en parte de dónde estén detenidos. Las normas de detención de ICE se aplican a centros específicos, como prisiones privadas que albergan tanto a reclusos como a detenidos, mientras que se requieren normas separadas en instalaciones que generalmente alojan a detenidos inmigrantes adultos.
A pesar de las diferencias, se esperan ciertos estándares básicos. Los inmigrantes deben recibir una evaluación médica, dental y de salud mental cuando llegan, y deben tener acceso diario a consulta médica por enfermedad, atención de emergencia las 24 horas y otros servicios, incluida atención preventiva, exámenes, diagnóstico y tratamiento.
Las normas existen para “garantizar que los detenidos sean tratados de manera humana; que se los proteja de daños; reciban atención médica y de salud mental adecuada; y reciban los derechos y protecciones a los que tienen derecho”, según las normas nacionales del ICE, revisadas el año pasado.
Pero el incumplimiento de la agencia de sus propias normas está dejando a los detenidos inmigrantes en riesgo de emergencias médicas y muerte, complicaciones por afecciones crónicas no tratadas e infección con enfermedades contagiosas, según demandas de defensores, investigaciones del Congreso realizadas por demócratas e informes estatales.
El DHS ha criticado algunas de las investigaciones como falsas, incluido un informe del senador Jon Ossoff (demócrata de Georgia) sobre mujeres embarazadas y niños en detención.
“Los centros de detención del ICE tienen normas más altas que la mayoría de las prisiones en EE.UU. que detienen a ciudadanos estadounidenses. Todos los detenidos reciben atención médica integral y comidas adecuadas”, dijo Tricia McLaughlin, vocera del DHS, en una declaración de agosto. El 17 de febrero, McLaughlin anunció que dejaría su cargo.
Supervisión debilitada, menos infraestructura
El acceso a servicios de salud adecuados se ha visto amenazado por el aumento del número de detenidos, la falta de supervisión del gobierno de Trump y un retraso en el procesamiento de reclamos médicos que ha puesto en riesgo la atención, dicen defensores, abogados y algunos doctores.
“Los desafíos se han agravado porque el ritmo de las expulsiones no ha seguido el ritmo de las detenciones. Eso agrava el problema”, dijo Drishti Pillai, directora asociada de KFF (organización sin fines de lucro de la que KFF Health News es parte). “Hay más problemas de salud pública cuando los centros están abarrotados”.
El número de inmigrantes en detención aumentó de unos 40.000 en noviembre de 2023 bajo el ex presidente Joe Biden a un récord de 73.000 personas a mediados de enero, según el American Immigration Council, un grupo que se enfoca en litigios e investigación.
Al mismo tiempo, el gobierno de Trump ha debilitado la supervisión de las condiciones y los servicios de salud en los centros de detención. Redujo el personal en la oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes del DHS, lo que en la práctica cerró la mayoría de sus operaciones, según un análisis de KFF y el Economic Policy Institute, una organización sin fines de lucro de investigación económica.
La misión del defensor del pueblo ha sido “examinar de manera independiente la detención de inmigrantes para promover condiciones seguras y humanas”, según la agencia. Actualmente, el DHS enfrenta un cierre parcial del gobierno debido a la oposición de los demócratas a un proyecto de ley de financiamiento para la agencia. Tal como fue impulsada por los republicanos, la medida eliminaría por completo el financiamiento del defensor del pueblo.
También hay largos retrasos en el procesamiento de pagos de atención médica para detenidos a doctores y hospitales externos, un obstáculo que, según defensores y el gobierno federal, pone en riesgo la atención.
El Centro de Servicios Financieros del Departamento de Asuntos de Veteranos tuvo durante mucho tiempo un contrato con el ICE para procesar reclamos por atención fuera de los centros de detención, como tratamientos oncológicos o diálisis.
Republicanos en el Congreso criticaron el acuerdo y afirmaron que desviaba recursos de los veteranos.
En octubre, Asuntos de Veteranos dejó de procesar las reclamos de los detenidos. Documentos que el ICE publicó en un sitio web federal de contrataciones indicaron que esta terminación “creó una emergencia” al comprometer la capacidad de reembolsar a proveedores y dejó a la agencia sin un mecanismo para brindar servicios como pruebas de tuberculosis, transporte médico no urgente y compra de equipo médico.
“Es una emergencia absoluta que el ICE obtenga de inmediato apoyo para procesar reclamos porque la falta de este apoyo retrasará atención médica crítica … como diálisis, atención prenatal, oncología, quimioterapia, etc.”, según documentos parcialmente censurados publicados a finales de 2025 en Sam.gov, un sistema federal de datos de contratos.
Se ha contratado a un nuevo procesador de reclamaciones, Acentra Health, pero el ICE ha dicho en su sitio web que no se procesará ninguna reclamación hasta el 30 de abril. Defensores dicen que no está claro si los detenidos están recibiendo acceso a atención externa según sea necesario y señalan que los retrasos también están desalentando a proveedores médicos a ofrecer servicios a los inmigrantes.
“El DHS ha firmado un nuevo contrato para procesar estos reclamos y actualmente está incorporando al proveedor”, dijo Pete Kasperowicz , vocero de Asuntos de Veteranos. “Mientras tanto, el VA está apoyando esta transición hasta mayo para asegurar que las reclamaciones se procesen adecuadamente”.
Muertes bajo custodia
El ICE informa que ocho detenidos han muerto bajo custodia en lo que va de 2026, con 33 muertes de detenidos en 2025 y 11 en 2024. Sin embargo, algunos defensores y legisladores cuestionan esas cifras y dicen que los totales excluyen a detenidos que murieron mientras eran arrestados o bajo el cuidado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
Demócratas en la Cámara de Representantes, en el Comité de Seguridad Nacional, dicen que 53 personas han muerto bajo custodia del ICE o la CBP desde que Trump asumió el cargo. Están exigiendo información al DHS, incluidos informes de cada autopsia, requisitos de personal para profesionales médicos y grabaciones de video de un detenido que murió en Texas.
“Estamos indignados” por las muertes, según una carta del 22 de enero firmada por 13 legisladores. “Es evidente y trágico que el ICE no está dispuesto o no puede proporcionar atención básica a los detenidos”.
Los demócratas señalaron la muerte de Geraldo Lunas Campos, de 55 años, nacido en Cuba. Murió el 3 de enero en un centro de detención en Fort Bliss, Texas, después de que el ICE dijera que presentó una emergencia médica. Había sido detenido casi seis meses antes.
“En ningún momento durante la detención se niega atención de emergencia a un extranjero detenido”, dijo el ICE en una declaración del 9 de enero sobre esa muerte.
La Oficina del Médico Forense del condado de El Paso determinó que la muerte fue un homicidio ocurrido después de que Campos fuera inmovilizado por las fuerzas del orden.
Mientras, otros inmigrantes siguen esperando atención. Reyes, quien necesitaba una biopsia por un posible cáncer de próstata, finalmente se realizó la prueba, pero a principios de febrero no había recibido resultados. “Está en un dolor constante y agonizante”, según la demanda presentada en el Distrito Norte de California.
El 10 de febrero, un juez federal ordenó al ICE y al DHS proporcionar atención médica adecuada a los detenidos y realizar supervisión externa, incluidas inspecciones en el lugar del centro de detención.
Great Job Stephanie Armour & the Team @ Public Health Archives – KFF Health News for sharing this story.
